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La primera condena contra José Miguel Narváez, el exsubdirector del DAS sealado de ser uno de los hombres más cercanos al comandante paramilitar Carlos Castao, llegó por el episodio de los seguimientos e interceptaciones ilegales de las que fueron víctimas periodistas, políticos y defensores de derechos humanos. El Juzgado Sexto Penal especializado de Bogotá, en su fallo de 209 páginas, también compulsó copias para que se investigue la responsabilidad que pudo llegar a tener el expresidente lvaro Uribe, pues los hechos ocurrieron durante su primer mandato y varios testigos lo salpicaron.

“Como quiera que por estos hechos se ha establecido que la ilegal actividad de inteligencia del DAS iba dirigida al Gobierno Nacional, que para entonces estaba presidido por el doctor lvaro Uribe Vélez, por mandato del artículo 40 del decreto 643 de 2004, sin que se haya determinado en este proceso su conocimiento y participación de las ilicitudes en la recolección de información de inteligencia estratégica ilegalmente obtenida, este despacho al respecto sigue el criterio establecido por el Tribunal Superior de Bogotá en el sentido de que al existir procesos abiertos contra el expresidente se remitirán copias de este fallo con destino a las autoridades competentes”, se lee en el fallo.

La sentencia contra José Miguel Narváez fue de ocho aos de prisión y por un solo delito: concierto para delinquir. Según el juzgado, los otros dos delitos, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, prescribieron. Asimismo, José Miguel Narváez tendrá que seguir pagando su pena en la cárcel, pues le fue negado el beneficio de prisión domiciliaria.

El juez aseguró en su fallo que Narváez creó el G 3, un grupo de espionaje ilegal del DAS que entre marzo de 2003 y noviembre de 2005 adelantó operaciones de desprestigio contra ONG, periodistas y políticos que no eran afines al gobierno de turno. Por ejemplo, entre las acciones adelantadas está la denominada Operación Transmilenio, la cual consistió en desacreditar al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo porque supuestamente eran afines a la guerrilla.

En la sentencia se ordenó reparar a la corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, al periodista Hollman Morris y su familia, a la Comisión Colombiana de Juristas, a Gustavo Gallón y al Cinep por las operaciones ilegales que realizó el G 3 en su contra. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited.
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